Pocas veces como esta semana quedó tan claro en nuestro país que no somos nosotros, ni nuestros representantes políticos, los que tomamos las decisiones en Argentina.

 

El viaje de Macri a China y los últimos fallos de la Corte Suprema de Justicia son una muestra cabal de esto.

Esta semana el presidente Mauricio Macri viajó a China con casi todo su gabinete. El relato oficial cuenta que llegaron hasta allí para hacer grandes negocios, que beneficiarán al país. Sin embargo, es poco y nada lo que han podido anunciar al término de esa gira en torno a negocios beneficiosos; pero sí sirvió la visita para comprobar cuan limitado está nuestro Estado en la toma de decisiones, cuando se asocia a imperios como el chino o el estadounidense.

El gobierno argentino fue a ofertar licitaciones de obra pública vinculadas a la energía, la infraestructura y el transporte, y se encontró con un Estado que primero quiere charlar las condiciones. El gobierno de Xi Jinping le exigió al gobierno argentino que antes de hacer nuevos desembolsos debía continuar con las obras de las represas de Santa Cruz, Jorge Cepernic y Néstor Kirchner. Macri asumió asegurando que esas obras eran un monumento a la corrupción y que se iban a revisar, así como la base China en Neuquén.

La decisión de avanzar, o no, con investigaciones sobre corrupción en la obra pública quedó atada a la necesidad de fondos. ¿Es soberano un Estado que no puede investigar la corrupción, porque otro Estado le exige avanzar como sea con la obra cuestionada?

No es la primera vez que China ejerce presión en torno a esto. El año pasado canceló las compras de aceite de soja, uno de los principales ingresos del complejo exportador y, por ende, del Estado vía retenciones. En su momento se argumentó que tenía que ver con que China no necesitaba ese aceite, pues empezaba a procesarlo comprando solo el poroto; sin embargo, Brasil y Ucrania (los otros dos grandes productores) siguieron embarcando aceite a China durante todo el año.

Es claro, China le hacía pesar a Argentina el poder de la billetera: o avanzan con las obras que acordamos con el gobierno anterior, o no les compramos más. La imposibilidad del Estado, que no maneja el comercio exterior ni la producción, de definir no depender del complejo sojero le va cercenando de a poco su poder de decisión sobre temas internos; al fin y al cabo, le va quitando soberanía.

Los negocios pactados en este viaje, como la remodelación del ramal ferroviario San Martín o más fondos para el Belgrano, también vienen atados a decisiones ajenas. Como sucedió con el gasoducto de Córdoba, los chinos ponen la plata pero también las condiciones. En tierras del fernet, el contrato de inversión estaba atado a la compra de tubos chinos; en el caso de la infraestructura ferroviaria, a la compra de locomotoras y hasta de las vías, que con solo pasear por el puerto de Rosario se puede ver el “mar de rieles” chinos. ¿Es soberano un Estado que no puede desarrollar libremente su siderurgia, porque debe comprar esa producción a sus inversores?

Al gobierno chino poco le importa el color o el partido de sus interlocutores, siempre y cuando acepten sus condiciones. Así esta semana la ex presidenta y el presidente se peleaban en los medios para ver quién era el dueño de esas relaciones, mientras los chinos exigían seguir con sus negocios más allá de quien gobierne. Y ahí es cuando me pregunto si verdaderamente elegimos cuando votamos, o solamente estamos optando.
Ustedes me podrán decir -con justeza- que no siempre, o nunca, el gobierno representa los deseos de quienes lo habitan, sino del pequeño grupo que ha tomado el timón de la política. Pero en este sistema que transitamos, a ese gobierno una mayoría le dio un mandato y es ese mandato el que se ve recortado por los acuerdos con China.

La soberanía interna

Por otro lado, esta semana también la Corte Suprema volvió a emitir un fallo, que como en el caso del 2×1 a genocidas, pasó por encima de la voluntad de la mayoría los argentinos, beneficiando a una minoría.
Aprobando medidas cautelares solicitadas por 11 grandes empresas, muchas de ellas multinacionales, la Corte falló contra la posibilidad de que la provincia de Santa Fe le cobre una alícuota diferencial de Ingresos Brutos a compañías que operan sin tener residencia en la provincia.

La Corte ordenó al gobierno de Santa Fe que se abstenga de cobrar esta alícuota diferencial. Ya había hecho lo mismo en un conflicto anterior, relacionado con la provincia de Buenos Aires.
Santa Fe le aplica a las empresas con domicilio en otras provincias una alícuota del 4,5% por el concepto de Ingresos Brutos, y 0,5% a las que residen en territorio santafesino. De acuerdo o no, es una política para fomentar la instalación de industrias en la provincia. Sin embargo, la Corte terminó con estas cautelares torciendo la voluntad de nuestros representantes, en favor obviamente de una minoría empresaria.

Las medidas, como en el caso del 2×1, fueron dictadas con la firma de los ministros Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
Las empresas beneficiadas fueron Promedon SA, Autosal SA y BGH. Se sumaron a las que habían obtenido ese beneficio en diciembre pasado: Cosméticos Avon; Roemmers SAICF; Laboratorios Andrómaco; Campari Argentina SA; Nobleza Piccardo SAIC; Cervecería y Maltería Quilmes SAICA; Mastellone Hermanos SA y Peugeot Citroën Argentina SA.

Es la misma Corte que declara inconstitucional el derecho de las provincias a cobrar impuestos a la exportación; haciendo -por ejemplo- que las multinacionales cerealeras apostadas en los márgenes del Paraná no paguen Ingresos Brutos por exportar la mitad de la producción del país desde nuestro territorio, impidiendo el desarrollo económico de la región.

Una vez más asistimos a decisiones que afectan los intereses de las mayorías, y que son tomadas por encima de la potestad de nuestros representantes políticos. Pero no solo eso, sino para beneficiar a minorías poderosas.
Hay palabras fuertes, que tienen historia, que tienen peso en los pueblos. Una de esas palabras es “soberanía”. Seguramente, cada uno de nosotros tiene más o menos el término, y además lo tiene asociado a algo. La mayoría de las veces la palabra queda asociada a la historia y en el nuestro, en el caso de los argentinos, no podía ser de otra manera, porque incluso nuestro nacimiento está signado por la lucha por obtener soberanía.

Siempre es interesante pensar los conceptos a través de las palabras que los contienen, y a éstas a través de su historia. El concepto de “soberanía” se originó en la Edad Media, mediante la lucha de tres poderes existentes: la Iglesia, la cual intentaba y sigue intentando subordinar al Estado; el Imperio Romano, que no quiso reconocer a otros estados como iguales; y los grandes terratenientes, quienes se sentían poderosos e independientes del Estado.

Hoy nuevamente asistimos a la violación de nuestra posibilidad, aunque sea acotada, de tomar decisiones. Hoy asistimos a la otra cara de la soberanía, y que son las principales trabas del desarrollo libre del país. Asistimos a las diversas formas que en la actualidad toma la dependencia.