No es secreto que la aceleración del juicio del ex presidente Lula en la segunda instancia del poder judicial es una carta marcada. No es señal de celeridad judicial y, menos aún, de normalidad jurídica o de juicio justo. Es fraude bruto, es mero juego de apariencias del régimen de excepción para asegurar la continuidad del golpe y de la agenda de retrocesos.

Hasta los mármoles del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región saben que el simulacro de juicio del 24 de enero es, en realidad, una pantomima judicial para condenar sin pruebas y anular los derechos políticos del mayor líder popular de la historia de Brasil.

El propio presidente del TRF4, el juez que ahora hace sensacionalismo liviano sobre supuestas amenazas a jueces (sin presentarlas con objetividad, como debería), en agosto de 2017 ya anticipaba la condena del Lula: “histórica e irrevocable”.

Los jueces de TRF4 están allí sólo para cumplir con el guión del golpe, que consiste en la condena de Lula para impedir su candidatura y posterior victoria en la primera vuelta de las elecciones 2018.

El comando del terrorismo mediático-judicial contra Lula diseñó este resultado de antemano, aún en el nacimiento de la Operación Lava Jato en 2014. La guerra legal persistente y sistemática –la guerra legal– era el arma por excelencia.

La duda es si Lula será condenado por 2 votos a 1 o por 3 votos a cero. La única certeza, sin embargo, es que Lula comienza el juicio ya condenado por anticipado, incluso sin pruebas y sin comisión de crimen.

El guión del golpe, que depende de la expulsión del Lula en 2018 para poder continuar, fue escrito por las manos de O Globo en sociedad con todos los medios hegemónicos; por las manos del PSDB, PMDB, DEM, PP, PR, PTB y demás partidos conspiradores; y por las manos fascistas de comisarios tucanos, fiscales tucanos y jueces tucanos –con la debida asistencia de los departamentos de Justicia y de Estado de EEUU y del gran capital rentista.

Después de colaborar con el juicio político fraudulento dirigido por la banda de Cunha, Temer, Geddel, Padilha y asociados, la prohibición de Lula pasó a ser a razón existencial del Lava Jato.

Como no conseguirá derrotar a Lula en la elección presidencial con ninguna de las candidaturas probadas –incluso de animadores de auditorio– no le quedó alternativa a la clase dominante sino la de prohibir la candidatura de Lula  en el proceso de elección soberana del pueblo.

El bloque dominante cree que la prohibición de Lula no causará conmoción social; menos aún, convulsión social y, ni remotamente, una revolución social. Por eso decidió ir adelante para clavar más profundo el puñal del golpe.

La condena del ex presidente sin pruebas y en un proceso nítidamente casuístico, que restringió el ejercicio del derecho de defensa, es un atentado contra la democracia y el Estado de Derecho. Esta decisión “histórica e irreprochable” condena al poder judicial e inocenta a Lula.

Esta aberrante condena no será suficiente, sin embargo, para prohibir la candidatura de Lula. Será un largo trayecto de discusión y disputa jurídica hasta la elección de octubre. En las calles, con el pueblo en resistencia democrática, Lula verá restaurado su derecho civil y político.

Habrá de llegar el día en que los bastardos de la democracia deberán ser juzgados por los crímenes y desvíos que cometen hoy. Habrá de llegar el día en que la respuesta de la sociedad brasileña será menos complaciente que, por ejemplo, en relación a los perpetradores del golpe de Estado de 1964 – celebrados en el editorial “Resurge la democracia” del diario O Globo del 2 de abril 1964.

Más temprano que tarde la verdad saldrá a la luz y el fraude del juicio de Lula será revelado, y entonces los canallas con toga y uniformados no quedarán impunes. Procesar y juzgar a aquellos que atenten contra el Estado de Derecho es una obligación republicana y democrática.

Convicciones e intuiciones

En un régimen de excepción, “convicciones” e “intuiciones” son requerimientos suficientes para incriminar a petistas  la fuerza. Por este criterio fascista, en la cruzada para cazar petistas queda extinto el debido proceso legal y la presunción de inocencia.

Ante la más absoluta inexistencia de pruebas e indicios para procesar al expresidente Lula, la Lava Jato decidió “innovar” el Código de Proceso Penal brasileño. Lula fue entonces incriminado sobre la base de “convicciones”; es decir, en prejuicio ideológico y político de los fiscales de la república y comisarios de la policía federal –tucanes (se llama así a los miembros del Partido Social Democrático) que acaparan las instituciones de Estado para aniquilar a enemigos políticos-.

En la elección de 2014, mientras fustigaban al gobierno y la candidatura de Dilma con la Lava Jato, todos estaban comprometidos sin ceremonia en la candidatura presidencial del también tucano Aécio Neves.

Es inolvidable aquel espectáculo burlesco  armado por la fuerza de tareas de Curitiba y transmitido en vivo por la Red Globo, en la que el predicador fanático Deltan Dalagnoll presentó un powerpoint con Lula en el centro de la “organización criminal del PT”.

 

Sólo se olvidaron de presentar pruebas indiscutibles para incriminar a Lula como serían, por ejemplo, las maletas de los comparsas del Aécio y de Temer con millones en propinas; o como los 51 millones de reales atesorados por la familia Geddel en nombre de la cuadrilla; o los flagrantes en audio y video de los golpistas combinando sobornos o, asimismo, los 450 kilos de cocaína traficados en el helicóptero del socio de Aécio, el senador Zezé Perrela.

En la estela de este derecho penal del enemigo, la Policía Federal produjo una nueva “innovación” en el Código de Proceso Penal, al margen del Estado de Derecho y del debido proceso legal. Para indiciar de cualquier manera y sin bases materiales al ex alcalde paulista Fernando Haddad, el delegado de la PF João Muniz Moraes Rosa apeló a la “intuición”.

En la ausencia de elementos objetivos para indiciar a Haddad (coordinador de la campaña de Lula) de acuerdo con las leyes y la Constitución de Brasil, el comisario João Muniz distorsionó el contenido de un vídeo público, divulgado por el propio Haddad en su cuenta de facebook en diciembre de 2016, para indiciarlo por que supuesto desvío cometido en la elección de 2012.

En el informe final de la encuesta, el delegado-innovador escribe que “A través de la investigación en fuentes abiertas en Internet fue ubicado un video producido por Fernando Haddad, poco después de las elecciones de 2016, en la que este investigado demuestr conocimiento sobre los costos incurridos durante la campaña, y pide contribuciones de los internautas para honrar los compromisos con prestadores de servicios”.

Resultado de imagen para Fernando Haddad. Aunque dicho vídeo no contiene una prueba cabal de que Haddad tenía conocimiento del  importe total de los valores relativos a la prestación de servicios de la empresa gráfica LWC en los comicios de 2012, porque se refiere a la campaña de 2016, constituye un significativo elemento indiciario de que el candidato a Prefeito (alcalde, intendente) en cuestión tiene –y así debe ser– pleno conocimiento de quiénes fueron los prestadores de servicio de su última campaña electoral, así como los respectivos valores de los servicios contratados. Ahora, si así ocurrió en relación con las elecciones de 2016, es intuitivo que también hubiera ocurrido en relación con las elecciones de 2012.

El comisario trató como crimen el llamado militante para la contribución financiera de la campaña de 2016, e “intuyó” que, como Haddad “cometió el crimen” de convocar a la militancia partidaria en la elección municipal de 2016, él también habría incurrido en el mismo “crimen” en la elección de 2012. ¡Patético!

Fernando Haddad es coordinador de la campaña de Lula, y eso explica el anhelo del comisario Juan Muniz en indiciarlo, aunque se en base en su más pura “intuición”.

De la manera que la cosa anda, procuradores, comisarios y jueces tucanes no vacilarán en incriminar a petistas también por premonición, telepatía, ocultismo, etc.

La obsesión enfermiza contra Lula y el PT rompió todas las barreras. La práctica fascista está consentida y diseminada en las instancias policiales y judiciales. Está lujosamente aceptada como algo normal en las investigaciones policiales y en las decisiones de fiscales y jueces.

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