Lo dispuso un fallo de un juzgado federal de Viedma que destacó la “trascendencia social de los derechos afectados” y sostuvo que la medida aplicada por el Ministerio de Desarrollo Social lesionó el derecho colectivo.

 

La decisión sienta un precedente y se esperan fallos en el mismo sentido en planteos similares realizados en otras cuatro provincias.

La Justicia Federal de Viedma hizo lugar al amparo colectivo presentado por un grupo de diputados del Frente para la Victoria (FpV-PJ) y dos ONG para que se restituyan las pensiones no contributivas por invalidez a las personas que el gobierno de Mauricio Macri se las había quitado compulsivamente.

La medida favorecerá a unos 400 ciudadanos de la provincia de Río Negro y se estima que el fallo tendrá réplica, al menos, en las otras cinco provincias en que se hicieron presentaciones similares.

La presentación para frenar la anulación de las 170 mil pensiones no contributivas que la administración nacional de Cambiemos justificó como “una depuración del padrón” fue hecha el 13 de este mes, con la firma de diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales de distintas localidades.

Tuvo como antecedente una medida cautelar presentada en la Justicia Federal de General Roca por Miguel Bravo, un vecino de Río Negro de 62 años que perdió un brazo hace 40 años. El gobierno de Macri le había anulado la pensión de 6 mil pesos que recibía desde 2010, pero tras el fallo que lo favoreció volvió a cobrarla ayer y con retroactividad.

 El  fallo se dio a conocer horas después de que se revelara que el gobierno de Cambiemos no restituyó las pensiones para discapacitados, tal como lo había prometido luego de que estallara el escándalo y se concretara en el Obelisco una masiva movilización de personas con discapacidad y organizaciones sociales y educativas que las contienen.