El pasado 4 de julio, el máximo tribunal del país, con la firma de casi todos sus integrantes, resolvió ese beneficio para el represor.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio otra señal a favor de los genocidas. El pasado 4 de julio, en un fallo, decidió rechazar un pedido del Estado nacional que buscaba impedir que el genocida Jaime Smart cobre una jubilación de privilegio. La resolución del máximo tribunal permitirá ahora que ello ocurra.
La decisión lleva las firmas de la casi totalidad de los integrantes del tribunal: Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, el presidente del cuerpo. Allí se rechaza el pedido del Gobierno nacional por “inadmisible”.
Jaimse Smart fue ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1979. Está condenado por delito de lesa humanidad desde 2012, estando entre los primeros funcionarios civiles del genocidio en haber sido condenados a perpetua por los crímenes cometidos en la última dictadura.
Como había ocurrido cuando resolvió otorgar el beneficio del 2×1 al genocida Luis Muiña, esta resolución va en el mismo sentido del discurso negacionista que impulsa el oficialismo nacional y parte del gran empresariado.
