El gobierno israelí planifica una serie de medidas destinadas a negar completamente a los palestinos sus derechos legales en Jerusalén y evitar cualquier futuro acuerdo de paz basado en compartir la ciudad entre Israel y un futuro Estado palestino.

 

PalestinaUna de las medidas más agresivas hasta la fecha es un proyecto de ley aprobado el martes 2 de enero por la Knesset, el parlamento israelí. El proyecto de ley, que fue aprobado con el apoyo de la coalición de derecha y extrema derecha de Israel, contiene diversas estipulaciones muy perniciosas.

Según el proyecto de ley son necesarios dos tercios de la mayoría de la Knesset para que Israel renuncie a la soberanía sobre cualquier parte de Jerusalén. El derecho internacional insiste en que Israel no tiene soberanía sobre Jerusalén Oriental, ocupada ilegalmente en 1967 y anexada en 1980.

Otra estipulación igualmente inquietante del proyecto de ley es que elimina dos barrios palestinos de la jurisdicción municipal de la ciudad. Los dos barrios afectados son Kufr Aqab y el campo de refugiados Shufat. Con esta decisión, el gobierno israelí habría logrado otro objetivo de su guerra demográfica contra los palestinos.

Es importante destacar que las dos áreas palestinas están ubicadas al otro lado de lo que Israel denomina el “Muro de Separación”. Este paso confirma el supuesto de que el Muro se construyó alrededor de áreas palestinas que Israel tiene previsto anexar en el futuro. Dado el avanzado estado de la construcción del muro, el proceso de anexión parece haber comenzado.

Pero este último proyecto de ley –que los palestinos llaman la “ley racial” porque pretende vaciar Jerusalén de árabes palestinos y aumentar el número de colonos judíos en la ciudad– es una versión renovada de un proyecto de ley anterior.

“La Ley del Gran Jerusalén”, que estuvo a punto de aprobarse con un voto mayoritario en la Knesset, solo se archivó temporalmente. El relegado proyecto de ley reclamaba la ampliación de los límites municipales de Jerusalén para incluir los principales asentamientos judíos ilegales de Cisjordania como Ma’aleh Adumim y el grupo de asentamientos de Gush Etzion.

Además pretendía sumar 150.000 colonos judíos a Jerusalén cuyos votos servirían para inclinar la escena política más hacia la derecha.

Asimismo, la ley degradaría aún más el estatuto de 100.000 palestinos que quedarían en un limbo abandonado políticamente.

Este proyecto de ley se desechó solo unas semanas antes de que el gobierno de Estados Unidos acordara trasladar su Embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Mientras que buena parte de la comunidad internacional se centró en las consecuencias que tendría la iniciativa estadounidense para el futuro de la región y para el llamado proceso de paz, pocos se dieron cuenta de que Estados Unidos e Israel tenían en mente algo mucho más importante.

Las agencias de noticias en ese momento informaron que Israel acordó posponer un proyecto de ley “bajo presión de Estados Unidos “. Pero esa “presión” solo tenía como objetivo dar al presidente Donald Trump el tiempo necesario para formular su propia estrategia y emitir su conflictiva declaración.

Desde entonces muchos palestinos han sido asesinados , cientos heridos y más detenidos por demostrar, ellos y sus simpatizantes alrededor del mundo, su indignación ante la decisión de Estados Unidos.

Un voto simbólico pero revelador en las Naciones Unidas el 21 de diciembre mostró que Estados Unidos e Israel están solos en su contienda por negar a los palestinos sus derechos en su ciudad ocupada ilegalmente.

Sin tiempo que perder, los legisladores israelíes impulsan ahora proyectos para aislar aún más Jerusalén y vaciarla de sus habitantes palestinos. Saben que el apoyo estadounidense debe explotarse al máximo y que cualquier retraso en estos proyectos de ley sería una oportunidad perdida.

La naturaleza de la coordinación entre Estados Unidos e Israel no tiene precedentes. Justo cuando la Knesset votó para aprobar el proyecto de ley, Estados Unidos actuó rápidamente para limitar toda reacción de oposición palestina.

Esa labor fue confiada a la embajadora estadounidense en la ONU, Nikki Haley, quien ha llegado donde ningún otro funcionario estadounidense en su intento de intimidar e incluso amenazar a los palestinos. Haley declaró que Estados Unidos cortará los fondos estadounidenses para la Agencia de Asistencia y Obras de Naciones Unidas (UNRWA) y que solo reanudará su financiación cuando los palestinos acuerden regresar a las negociaciones.

La UNRWA es el principal instrumento de apoyo a los refugiados palestinos. Esa decisión apretará aún más la soga sobre la devastada economía palestina y sobre la Autoridad Palestina, que depende principalmente de la ayuda internacional para sobrevivir.

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Haley, obviamente, sabe que ningún liderazgo palestino puede comprometerse políticamente con Israel y Estados Unidos si ambos países se niegan a aceptar el derecho internacional como marco de referencia en las negociaciones. La dirección palestina debe elegir ahora entre la humillación que ya padece o más humillación.

Pero la amenaza de Haley también tiene como objetivo desviar la atención del racista proyecto de ley israelí que seguramente conducirá a nuevas anexiones en Jerusalén y en Cisjordania. Estados Unidos e Israel están invirtiendo intensamente en un sistema de apartheid político en Palestina y están forzando a la Autoridad Palestina para que facilite tan terrible régimen.

Hasta ahora los funcionarios de la Autoridad Palestina han vertido muchas amenazas, incluida la de excluir a Estados Unidos del proceso de paz y la de modificar su reclamación para empezar a exigir una solución de un solo Estado. Pero sigue sin concretarse nada de esa anhelada estrategia palestina; una estrategia basada en un liderazgo palestino unificado que explore verdaderamente nuevas opciones, nuevos aliados y nuevas perspectivas de futuro.

Es esa falta de visión la que compromete más aún la posición palestina y la que incentiva a Israel para seguir adelante con sus leyes racistas y sus muros de apartheid.

Ramzy Baroud es periodista, autor y editor de Palestine Chronicle. Su próximo libro es La última tierra: una historia palestina (Pluto Press, Londres). Baroud tiene un Ph.D. en Estudios de Palestina de la Universidad de Exeter y es Académico No Residente en el Centro de Estudios Globales e Internacionales de Orfalea, Universidad de California en Santa Bárbara. Su sitio web es www.ramzybaroud.net 

 

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