El beneficio del llamado “2 x 1” otorgado por la Corte Suprema de Justicia a un condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar generó diferentes repercusiones en todo el arco político.

 

Cabe recordar que la polémica se desató luego de que el tribunal otorgara el beneficio a Luis Muiña, quien en 2011 fue condenado a 13 años de prisión por ser «coautor del delito de privación ilegal de la libertad» e «imposición de tormentos» en cinco casos durante la última dictadura, considerados de lesa humanidad.

Los muchachos de Vidal

Entre los oficialista que se manifestaron en contra de la medida están Santiago Cantón y Daniel Salvador.

El Secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Santiago Cantón, se diferenció de su par de Nación, al rechazar la decisión tomada por el máximo tribunal. “En el juzgamiento de delitos de lesa humanidad, en todas sus etapas judiciales, se debe cumplir con los estándares específicos definidos por el derecho internacional de los derechos humanos”, publicó Cantón en las redes sociales.

“La sanción y cumplimiento deben responder a esa obligación. La gravedad de los delitos de lesa humanidad requiere de una sanción proporcional, e igualar la sanción de estas violaciones con delitos comunes, como decidió la mayoría de la Corte Suprema, ignora el carácter de lesa humanidad del delito y puede llevar a que no se cumpla el principio de proporcionalidad”, añadió en el comunicado.

Por su parte, el vicegobernador Daniel Salvador expresó “no comparto en lo más mínimo la decisión de la Corte, ni los fundamentos jurídicos que ha tomado por mayoría y mucho menos filosóficamente”.

El abogado formado en la Universidad de Belgrano reconoció que el 2×1 representa “una señal muy negativa para la democracia”.

La oposición

Asimismo, el peronismo bonaerense repudió en masa el fallo. El referente del Movimiento San Martín, Julián Domínguez, apuntó que «es un enorme y triste retroceso respecto de la garantía de justicia y los Derechos Humanos» y agregó que «es vergonzoso que se le conceda el 2×1 a alguien condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar».

En tanto, la diputada bonaerense Rocío Giaccone señaló «repudiamos la decisión de la Corte Suprema de aceptar el 2×1 para delitos de Lesa Humanidad» y consideró que «el fallo se inscribe en una avanzada mediática, política y judicial contra las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia.

Otro de los que se sumó al repudio fue Martín Sabbatella quien manifestó que “este fallo, que aplica una ley ya derogada, es aberrante y vergonzoso. Es una afrenta a la memoria de las víctimas y una señal de impunidad espantosa para la historia y el futuro del país, porque muestra al máximo tribunal de Justicia sacando de la galera un beneficio especial nada menos que para delincuentes de lesa humanidad».

Asimismo, desde el bloque de senadores del FpV se hizo en que «no podemos dejar de señalar que esta reducción de penas fue avalada por dos de los Jueces que el presidente Mauricio Macri intentó prematuramente nombrar por decreto: Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, junto a la jueza Elena Highton de Nolasco”.

El exintendente de La Matanza, Fernando Espinoza, sostuvo que «es lamentable que la Corte Suprema haya decidido aplicar el 2×1 a delitos de Lesa Humanidad. Es un retroceso histórico».