El coordinador del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa) hizo referencia al ordenamiento hídrico que se está promoviendo desde el organismo con la regularización de diques y terraplenes en el Delta entrerriano. “Partimos de la base de hasta 60 años de incumplimientos, de modo que revertir esa situación supone un cambio importante”, dijo a AIM sobre la moratoria para el registro de obras que se extenderá hasta junio próximo.

 

 

El Corufa (Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua, autoridad de aplicación de la Ley General de Aguas (Ley Nº 9.172), lanzó en julio pasado una moratoria para el registro de obras hídricas en el Delta, con el objetivo poner orden a una situación sin control desde hace años y que ha agravado las inundaciones en la zona.

El organismo tomó la decisión de extender por 180 días el proceso antes de tomar medidas contra quienes no se ajusten a lo que establece la legislación vigente. “Partimos de la base de hasta 60 años de incumplimientos, de modo que revertir esa situación supone un cambio importante”, admitió el funcionario a esta Agencia.

Delta EntrerrianoVer nota: Emplazan a dueños de campos del Delta a regularizar obras de diques y terraplenes en 90 días

Asueta aseguró que la disposición tuvo “una muy buena repercusión” en todo el sistema Delta, “sobre todo por las personas que necesitan que la cuestión hídrica se ordene, los sectores productivos, isleños, municipios”, señaló.

Entre el 40 y un 50 el por ciento de los propietarios con obras sin registrar inició los trámites de regularización y otro tanto ha reiniciado trámites y están en proceso de presentación de la documentación, según informó el coordinador de Corufa.

“Nosotros tenemos alrededor de 100 endicamientos, de los cuales unos 60 son endicamientos grandes y de esos un 50 por ciento está en proceso de regularización”, aclaró y destacó que “ha vuelto a instalarse la obligación de la moratoria como una decisión política y hay un proceso de ordenamiento. En la primera etapa nosotros lanzamos la moratoria sin apercibimiento. En esta segunda etapa de seis meses (hasta junio de 2018) largamos una moratoria con apercibimiento”. Quienes no se ajusten a derecho cumplido ese plazo serán pasibles de multas de 800.000 pesos.

Pero Asueta se mostró partidario de actuar con cierta cautela que buscar dar solución a una problemática consolidada durante décadas de incumplimientos: “Estamos revirtiendo un proceso de muchísimos años y la situación productiva del Delta es compleja porque venimos de dos años de muchísimas inundaciones (2015 y 2016). Hemos trabajado en relación a obras puntuales que están generando conflictividad, que no están alcanzadas por la moratoria, y estamos exigiendo obras paliativas”, resaltó.

“Todo esto lo esto lo estamos haciendo con un equipo minúsculo dentro de Corufa pero lo estamos intentando llevar a cabo a capa y espada”, concluyó el funcionario.

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