El jueves 8, Facundo Ferreira, de solo 12 años, fue asesinado por una bala policial en Tucumán. El gobierno de la provincia decidió convalidar la versión que dieron de los hechos las fuerzas de seguridad, antes de iniciar una investigación, a tono con los mensajes que desde el gobierno nacional prometen impunidad a los efectivos policiales con independencia de lo que hayan hecho.

 

Facundo Ferreira

El asesinato del niño Facundo Ferreira, de 12 años, en la ciudad de Tucumán el pasado jueves, es un hecho gravísimo que exige una investigación exhaustiva no sólo de parte del Poder Judicial sino también de las autoridades políticas provinciales, responsables de conducir a las fuerzas de seguridad y de evitar situaciones de este tipo. En un contexto de versiones encontradas e informaciones periodísticas maliciosas, la reacción del gobierno provincial que convalida sin más la versión policial constituye un nuevo mensaje que promete impunidad a los efectivos policiales sin importar la forma en que actúen. Esto se alinea con la postura del gobierno nacional después de los asesinatos de Rafael Nahuel y Juan Pablo Kukoc.

Al mismo tiempo, este amparo político sin condiciones a los policías que matan y las operaciones de prensa que buscan descalificar a las víctimas ejercen una fuerte presión sobre los funcionarios judiciales que deben investigar lo sucedido. En paralelo a la discusión de la responsabilidad penal del policía que disparó, es necesario poner en discusión el uso de la fuerza letal y revisar un conjunto de aspectos políticos, institucionales y administrativos sobre cómo actuaron los efectivos. No puede haber niños muertos por balas policiales. Garantizar eso es responsabilidad del gobierno provincial. Por su parte, el gobierno nacional tiene una función política de garante respecto a la vigencia y el respeto de los derechos humanos en el país y de la promoción de políticas de seguridad democráticas.

La policía tucumana viene siendo denunciada desde hace años por diversos casos de violencia en los que se combinan la dureza,  la corrupción y la ineficiencia. Esas prácticas no han sido desterradas. A esta larga tradición provincial se suma hoy un discurso que sintoniza con el del gobierno nacional y promueve la violencia policial. De este modo, lejos de cumplir un rol positivo en el establecimiento de criterios básicos para un funcionamiento profesional de las policías en todo el país, el gobierno nacional ampara y brinda argumentos para que se reproduzcan y perpetúen las prácticas que garantizan la impunidad policial en diversas provincias.

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