“Pero hay un engañador de poder y astucia supremos que me está confundiendo deliberada y constantemente. En ese caso, y aunque el engañador me confunda, sin duda, yo también debo existir.”
René Descartes
El filósofo francés, en su “Discurso del Método”, aconsejaba no admitir nunca algo como verdadero sin conocer con certeza que así fuera. Parecería que tanto hoy como ayer, en nuestro país hay dirigentes que, invirtiendo esta fórmula, se valen del “método del discurso” para confundir deliberada y constantemente el curso de la realidad.
De esta forma, el gobierno macrista miente a la sociedad cuando argumenta que el desmesurado aumento de las tarifas de servicios públicos obedece al atraso de las mismas y a la necesidad de actualizarlas. En realidad estos aumentos tienen un doble objetivo: incrementar de manera exponencial las ganancias de las empresas prestadoras de servicios (empresas que en muchos casos pertenecen a altos funcionarios del gobierno); pero fundamentalmente para disminuir el déficit fiscal, mediante eliminación de subsidios, con la única finalidad de afrontar los intereses de la deuda externa.
El pago de esta deuda ilegítima ha sido la primera prioridad de todos los gobiernos desde 1983, sin excepción alguna. Para los gobernantes neoliberales, tal primacía está en su propia vocación y en la coincidencia de intereses; y los llamados “progresistas” acatan esta prioridad porque saben que sobre sus gobiernos débiles y transitorios hay un poder al que temen y no enfrentan: el poder financiero internacional con sus órganos de control, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Saben, desde la experiencia alfonsinista que, si no obedecen sus mandatos, pueden durar lo que canta un gallo. No por nada la presidenta Cristina Fernández afirmaba que su gobierno era un “pagador serial” y se jactaba de ser el que más había pagado.
Para cumplir con estas metas no escatiman en reducir los haberes de los jubilados y de los trabajadores estatales, a la vez que disminuyen el poder adquisitivo y el consumo popular. Es que el compromiso de los parlamentarios burgueses ante el pago de intereses para este año, aprobado en la Ley de Presupuesto, duplica la media de los últimos 15 años. Así están dispuestos a cancelar la suma de 21 mil millones de dólares, la tercera parte de nuestro ingreso anual. Ésta y no otra es la causa fundamental del brutal ajuste que sufre todo el pueblo argentino.
Se explica que los gobiernos burgueses, sean neoliberales o socialdemócratas, coincidan en someterse a los dictados del poder financiero, aunque varíen su método discursivo. Pero es inexplicable e inadmisible que la izquierda parlamentaria, que tanto gusta integrar el sistema político vigente, no denuncie y pida el tratamiento de la ilegitimidad de la deuda externa, teniendo en cuenta que el 13 de julio del año 2000 el Juez Federal Jorge Ballestero firmó las actas de resolución “Olmos Alejandro s/denuncia”. Una resolución histórica contra la deuda contraída por la Dictadura Cívico Militar. El Juez dispuso remitir el fallo de la causa a las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, ya que es el Congreso quien debe tratar la deuda por mandato constitucional, Art. 75 de la Constitución.
Dijo el juez en sus conclusiones que “la deuda externa de la nación ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política-económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el país a través de los diversos métodos utilizados, que ya fueran explicados a lo largo de esta resolución, y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas.”
La izquierda parlamentaria y mediática televisiva no habla de Socialismo ni de Revolución, pero podría al menos hacer valer su derecho legislativo de exigir que se trate la resolución judicial de un Juez Federal que consideró que el ámbito apropiado corresponde al Congreso de la Nación.
Mientras tanto, continúa desarrollándose una crisis de mayor magnitud que la que sufrimos en 2001.
El especialista en deuda externa Héctor Luis Giuliano, desde hace varios años sostiene que la Argentina no tiene capacidad de repago, por tal motivo, explica, sólo se cancelan los intereses, y muchas veces, por la imposibilidad de cancelarlos en su totalidad, se toma nueva deuda para tal fin, mecanismo inmoral conocido como anatocismo.
Y desde la derecha a ultranza, reconoce el economista neoliberal José Luis Espert que los bancos que compraron títulos de la deuda emitidos por el gobierno, llegado el momento en que éste no los pueda cancelar, nuevamente se quedarán con los ahorros de la gente (Corralito II).
Este balance, sumado al extraordinario déficit comercial, hace insostenible a cualquier gobierno burgués, ya sea el actual o el que preparen para el recambio.
Esto nos obliga a estar atentos y organizarnos para que, llegado el momento, sean las fuerzas populares quienes dirijan una salida revolucionaria y no, como en el 2001, vuelva a quedar el poder en manos de la burguesía.
